- Celebramos nuestra XLII Asamblea General, a las puertas de las elecciones europeas, un momento clave para exigir una UE que esté a la altura de los enormes desafíos actuales.
- Recordamos: en el ámbito estatal, este debe ser el año del desarrollo de la Ley de Cooperación. Alertamos: en el ámbito territorial se están produciendo recortes de una política que es más necesaria que nunca.
- Aprovechamos para denunciar las graves consecuencias de la escalada bélica que afecta a todo el planeta. La cultura de paz debe guiar la solución de los conflictos y la garantía de los derechos humanos.
- Se renuevan cargos y se elige una nueva presidencia, a cargo de Javier Ruiz Gaitán, de World Vision.
72 organizaciones de La Coordinadora han participado en nuestra XLII Asamblea General. Un momento muy relevante para reforzar el trabajo colectivo en defensa de un mundo justo, feminista y sostenible. El encuentro ha servido para poner sobre la mesa la preocupación ante una situación internacional que exige, más que nunca, una cooperación que sea capaz de garantizar los derechos humanos, la protección del planeta y la cultura de paz.
Si algo ha quedado claro es que este año debe ser el año de la Ley de Cooperación. “Tenemos aún muchos retos por delante para hacer de esta Ley una realidad: el reglamento de la Ley de subvenciones, el Estatuto de las personas cooperantes, la reforma de la AECID, el reglamento del nuevo FEDES…”, ha afirmado la presidenta Irene Bello.
El contexto mundial marcado por el asedio a Gaza, la peor crisis de refugio del planeta que sufre Sudán, la guerra en Ucrania o en Siria, ocuparon parte de las discusiones. También recibieron atención cuestiones como la emergencia climática, el debilitamiento de la calidad democrática o la persecución a defensores y defensoras de derechos humanos. Se apeló a la cultura de paz y de los derechos humanos como piedras angulares de las políticas nacionales e internacionales.
A las puertas de las elecciones europeas, a resolución aprobada en la Asamblea demanda una Europa que garantice los derechos humanos y frene los discursos de odio, que legisle asegurando la coherencia de políticas y los principios de la Agenda 2030, que trabajen por una acción exterior que promueva la democracia, que aseguren el enfoque feminista y decolonial en sus actuaciones, que exija una solución justa y duradera del asedio en Gaza y recuerde los valores pacifistas que los que se funda.
Se ha defendido también necesidad de reforzar la cooperación descentralizada. Una política que es seña de identidad de nuestro sistema y que, sin embargo, está sufriendo un preocupante recorte en numerosas localidades y comunidades autónomas.
Fuente: La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo
