- El Senado ha aprobado la nueva la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global con una amplia mayoría con 260 votos a favor y dos en contra; un consenso propio de una política de Estado.
- Lo importante pasadas estas fiestas ya no va a ser el Año CERO sino el año UNO. Necesitamos aprovechar este impulso y desarrollar en los próximos meses la reforma ambiciosa que proclama la Ley.
Iniciamos el año 2022 con la promesa de una nueva Ley de Cooperación que consiguiera relanzar una Cooperación Española fragilizada en la última década y más necesaria que nunca. Una reforma que hiciera de la política de cooperación una herramienta eficaz para contribuir en dar respuesta a los complejos desafíos de la encrucijada civilizatoria en la que nos encontramos, con desigualdades crecientes, insostenibilidad en el uso de los recursos, conflictos enquistados y la necesidad de transformaciones de calado inmediatas.
Arrancamos entre borradores, consultas y diálogos sobre un incipiente proyecto de Ley; y terminamos en diciembre de 2022 con la aprobación en las Cortes, prácticamente por unanimidad, de la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global (a falta de la ratificación final en el Congreso). Permitámonos celebrarlo, al menos esta semana navideña.
Hemos participado activamente en el proceso, mucho trabajo de muchos, logrando que se hayan incluido buena parte de nuestras demandas y se haya alcanzado un clima de diálogo y concertación. Esto ha permitido hacer de esta política una política compartida, que sin perder su ambición y capacidad transformadora ha sido capaz de incluir diferentes sensibilidades y reflejar de forma nítida el apoyo social mayoritario que existe por cooperar y contribuir al bien común en el planeta que nos acoge.
Es de justicia agradecer a la administración y a los diferentes grupos políticos, a los que tan a menudo criticamos (no sin razones), por el trabajo y la disposición mostrada en todo este proceso. Como ya analizamos en los trámites previos, los avances de esta Ley son significativos y muy necesarios. Por un lado, el enfoque: una ley adaptada a los tiempos, articulada con la Agenda 2030, con vocación transformadora y enfoque feminista, integrando los desafíos ambientales y de desigualdad económica y de género. Por otro, el presupuestario: se dictamina que alcanzaremos el 0,7% antes de terminar la década y que el incremento será progresivo con compromisos plurianuales reflejados en los Planes Directores; además de incluir compromisos específicos para la Acción Humanitaria (10% de la AOD) o para la Educación para la Ciudadanía Global (a ser concretado en el Plan Director). En tercer lugar, porque apunta las reformas institucionales y reglamentarias que permitan a todos los actores de la cooperación ser más eficientes y eficaces como: la reforma de la AECID, el estatuto de la persona cooperante, el Consejo Superior de Cooperación, el real decreto de subvenciones o los instrumentos de cooperación financiera (FEDES).
El camino recorrido
2022 ha sido también el año de la aprobación de los primeros Presupuestos Generales del Estado para 2023 que marcan un cambio de tendencia en la tan castigada Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Si bien el resultado no es tan dulce como el de la Ley, los avances han sido importantes respecto a los anteriores. Parece que, aunque con sus matices, cruzaremos la línea del 0,3% de AOD. Vemos luz con el fortalecimiento presupuestario de la AECID y del Ministerio de Asuntos Exteriores. Vemos luz con el refuerzo de la cooperación bilateral. Vemos luz con la consolidación del cambio de tendencia de la década pasada y el incremento de fondos para la ejecución de intervenciones de cooperación por parte de las ONGD (aunque sea tímido e inferior a sus capacidades de ejecución). Más dudas nos generan la inclusión como AOD de partidas de los Ministerios de Sanidad y Derechos Sociales, que, aunque necesarias, no son propiamente de desarrollo e inflan el cálculo.
Fuente: La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo
