- El 24 de noviembre, el Congreso aprobó el Proyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Es un avance en cuanto a compromiso presupuestario y visión política compartida, pero solo un primer paso de un largo camino.
- Un artículo de Irene Bello Quintana, presidenta de La Coordinadora, publicado en Planeta Futuro de El País.
Mucho se discutió y votó el 24 de noviembre en el Congreso; desde las primeras luces del día hasta la medianoche, fuimos testigos. Hubo de todo en abundancia, hasta despilfarro de insultos en muchas fases. Temas importantes en el orden de sesiones: los presupuestos generales del Estado, los impuestos a las energéticas, a los bancos y a las grandes fortunas, modificaciones en los delitos de sedición y… lo que la mayor parte de los medios de comunicación misteriosamente olvidaron: la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.
Quizás no fuera noticia porque la oposición no iba a votar en contra en bloque. Tal vez porque aparentemente no interesa, a pesar de que más del 85% de la ciudadanía la apoya. ¿Será porque una buena noticia no es noticia o porque no hemos sido capaces de explicar su relevancia?
Para medir su relevancia real debemos situarnos en el lugar en el que vivimos: el planeta Tierra, ese en el que 8.000 millones de personas están obligadas vivir en un horno global cuyas temperaturas aumentan por el empeño en utilizar de forma masiva los combustibles fósiles. Un lugar en el que el hambre, las desigualdades y la miseria aumentan. En el que se desatan incendios y conflictos por doquier, fruto de la falta de voluntad política para frenarlos o del virtuosismo para aplazar su solución indefinidamente. ¿Qué nos dice la Tierra si la escuchamos? ¡Cooperen, diablos!, respeten, cuiden, solucionen los problemas comunes, hagan de este mundo un sitio en el que valga la pena vivir.
Cooperar, la Tierra tiene razón, esa es la clave. Hace dos años, las ONG de Desarrollo elaboramos una propuesta colectiva con la intención de aportar a la construcción de Un nuevo sistema de cooperación para transformar el mundo. Hoy echamos la vista atrás y nos sentimos orgullosas porque muchas de nuestras propuestas han sido recogidas por la ley actual. Gracias a quienes han contribuido a este hacer colectivo desde el diálogo y la responsabilidad.
Pero, ¿de verdad hacía falta una nueva ley de cooperación?
Esta es la primera reforma en 20 años. Si tenemos en cuenta los enormes cambios que ha sufrido el mundo en estas dos décadas, podemos concluir que ya iba siendo hora. Y lo era no solo por los compromisos internacionales asumidos, como la Agenda 2030, los acuerdos de París o la Agenda de financiación para el desarrollo; sino también porque, después de la década perdida de la cooperación (de 2010 a 2020), los mecanismos institucionales estaban muy frágiles, con grietas y desconchones; un recorte de más del 80% de la Ayuda Oficial al Desarrollo había dejado a esta política pública al borde de la desaparición.
¿En qué avanza esta Ley? Avanzamos en compromiso presupuestario, en visión política compartida, en el arreglo de esas grietas que estaban debilitando al sistema. Ahora bien, es solo un primer paso de un largo camino. De poco sirve una ley si no la acompañan normas que garanticen que pasa de las palabras a los hechos. Si realmente queremos andar ese camino, 2023 viene calentito; un año en el que deben desarrollarse nada más y nada menos que siete decretos y estatutos que la Ley anuncia: la reforma de la AECID, el estatuto de las personas cooperantes, el estatuto del Fondo Español para el Desarrollo Sostenible (FEDES), el real decreto de subvenciones, el reglamento del Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo, la Comisión Interministerial y la Comisión Interterritorial para el desarrollo sostenible y la solidaridad global. Y, además, toca elaborar el VI Plan Director de la Cooperación Española con la mayor ambición y consenso posibles. Casi nada.
Fuente: La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo
