- La masacre ocurrida en Melilla por la cual han perdido la vida, al menos, 37 personas, es consecuencia de una política que externaliza y militariza las fronteras, niega los derechos humanos y ataca a quienes buscan refugio. Es el resultado de la necropolítica que rige en la frontera Sur.
- Hace tiempo que venimos denunciando las políticas migratorias de la “Europa fortaleza”, los acuerdos con países que no respetan los derechos humanos y el desvío de los fondos de cooperación para el control migratorio. Tales prácticas deben finalizar de manera inmediata.
- La celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid nos hace dar la voz de alerta: España quiere solicitar que la migración sea contemplada como una “amenaza híbrida”. La intención de militarizar aún más las fronteras supondrá graves consecuencias sobre la vida de las personas que huyen de conflictos, violencia y miseria.
- Exigimos una investigación independiente, a ambos lados de la frontera, que depure responsabilidades y garantice verdad, justicia y reparación para las personas que han perdido la vida y sus familias.
Lamentamos profundamente la muerte de 37 personas, tanto migrantes como de las fuerzas de orden; nos solidarizamos con sus familias y exigimos una investigación judicial inmediata que esclarezca los hechos. Las personas que han resultado heridas deben recibir atención sanitaria adecuada y de calidad.
Las ONG que trabajan en la frontera con Marruecos vienen denunciando un aumento de la violencia a raíz de la reanudación de la colaboración entre España y Marruecos en materia migratoria. Acuerdos de este tipo contribuyen a aumentar la violación de los derechos humanos.
Mientras ocurre esto en Melilla, la semana pasada el Gobierno presentaba el proceso para elaboración de su II Plan de Derechos Humanos; de poco sirven los documentos cuando se violan sistemáticamente los derechos en la frontera Sur. Definir esta actuación como una “operación bien resuelta” da muestra de la falta de compromiso real del Gobierno español con los derechos humanos y la vida.
En Nador se prepara el entierro de las víctimas en fosas sin investigación ni autopsias, sin una identificación de las personas fallecidas. La gravedad de esta decisión recuerda a la ya vivida en el caso del Tarajal y demuestra que es una práctica común que viola los derechos humanos más básicos y la dignidad de las personas.
Muchas de las personas que perdieron la vida eran sudanesas y, por tanto, susceptibles de recibir protección internacional. Además, se produjeron devoluciones en caliente, una práctica ilegal que se sigue manteniendo y por la que la ONU ha condenado a España en varias ocasiones.
En la semana que la que Madrid acoge la cumbre de la OTAN alertamos: la interpretación de la migración como una amenaza a la seguridad, supondrá mayor sufrimiento, violencia, violación de derechos humanos y muerte. Echará más leña al fuego a la preocupante deriva militarista.
Por todo ello:
- Mostramos nuestras profundas condolencias con las familias que han perdido a sus seres queridos.
- Exigimos una investigación inmediata que aclare lo ocurrido, depure responsabilidades y garantice verdad, justicia y reparación a las víctimas. Una investigación que debe realizar el Gobierno español, el marroquí y las instituciones internacionales correspondientes.
- Demandamos la atención sanitaria adecuada de las personas que han resultado heridas y la garantía plena de sus derechos. Debe garantizarse un proceso legal adecuado para quienes pueden ser objeto de protección oficial.
- Marruecos debe identificar a las personas fallecidas y repatriar sus cuerpos a sus países de origen, en colaboración con las organizaciones de migrantes.
- Demandamos el fin de las expulsiones en caliente, tal como viene exigiendo la ONU a España de manera reiterada. Deben garantizarse también vías legales y seguras, como contempla la legislación internacional en materia migratoria.
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