La violencia contra las mujeres y las niñas ha aumentado en todo el mundo a consecuencia de la COVID-19. También han aumentado los embarazos no deseados y los abusos sexuales. El avance de la pandemia, la vuelta a confinamientos domiciliarios, y las insuficientes medidas adoptadas para mitigar las desigualdades y prevenir las violencias, amenazan con mermar aún más el bienestar de las mujeres. Esto significa poner en riesgo su salud sexual y reproductiva, su salud mental, su resiliencia y capacidad de recuperación, la posibilidad de participar en la recuperación de nuestras sociedades y en la construcción de propuestas para salir fortalecidas de esta crisis.
La violencia estructural preexistente se agudiza y, por tanto, atenta aún más contra los derechos fundamentales contenidos en pactos internacionales y Constituciones de los propios países. Más allá de la violencia en el ámbito de la pareja o expareja, existen otras muchas que, aunque menos visibles, son igualmente preocupantes. En los últimos años, por ejemplo, asistimos a un notable incremento de los discursos de odio o las violencias en redes sociales. También existen situaciones que hacen que la violencia de género tenga un impacto específico sobre mujeres racializadas, con diversidad funcional, en situación de sinhogarismo o de pobreza, mujeres refugiadas, desplazadas, migradas y/o sin papeles, en desempleo o con empleos más precarios, mayores o que se dedican a los trabajos de cuidados. Es importante hablar, por ejemplo, de la violencia institucional hacia las mujeres racializadas, migrantes y/o refugiadas que obstaculiza su acceso a la protección cuando están sufriendo violencia, la escasez de recursos específicos para aquellas que tienen necesidades especiales o no pueden acceder a la vivienda o a un salario digno que permita desarrollar su autonomía e independencia.
Fuente: Coordinadora de ONGD España