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• El Gobierno de Ortega tramita la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros en la que se establecen nuevas limitaciones a la labor que desarrollan las ONG en el país.
• Nos sumamos a las organizaciones y plataformas nicaragüenses y latinoamericanas en defensa de la libertad de expresión, de reunión y asociación; así como el derecho a defender los derechos humanos.
• La propuesta del Gobierno nicaragüense es incompatible con las obligaciones internacionales derivadas de los acuerdos suscritos por Nicaragua. Exigimos que Europa y sus Estados, especialmente España, tomen medidas al respecto.

La sociedad civil nicaragüense y quienes trabajamos mano a mano con ella desde hace décadas damos la voz de alerta. El Gobierno pretende tramitar una ley que, de ser aprobada, impondrá inaceptables restricciones al derecho a la libertad de asociación. La ley podría ser usada como instrumento de represión en contra de personas y organizaciones de derechos humanos que reciben recursos de cooperación internacional en el país. sigue