PGE2016: una oportunidad perdida para demostrar un verdadero compromiso con la política de cooperación

 Madrid, 16 de septiembre de 2015. La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española alcanzaría en 2016 los 2.396,30 millones de euros, lo

PGEque supone un 0,21% de la Renta Nacional Bruta. Esto hace que España se mantenga en la cola de los donantes europeos dos meses después de comprometerse con el 0.7% en la Cumbre sobre Financiación para el Desarrollo de Addis Abeba.

Aunque tal cifra supone un incremento de un 32% con respecto a lo presupuestado el año pasado, no compensa el enorme recorte presupuestario que ha sufrido esta política desde 2010 y, especialmente en lo que llevamos de legislatura.

Además, el 97% de ese incremento corresponde a las contribuciones obligatorias a la UE y aportaciones a organismos financieros internacionales que se gestionan a través del Ministerio de Economía y del Ministerio de Hacienda.

Debilitamiento progresivo de la AECID

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), no se beneficia del aumento del presupuesto. De hecho, contará incluso con menos recursos que en 2012; en concreto, con 146 millones de euros menos. Desde 2011, su presupuesto ha descendido en más de un 70%, y en 2016 vuelve a descender ligeramente. Esto ratifica el debilitamiento progresivo al que ha sido sometida la AECID como organismo gestor de la cooperación. Aún siendo la entidad del sistema español con más estructura y experiencia y con mayor capacidad demostrada de promover los derechos humanos, apenas gestionará de forma directa el 10% de la AOD aportada por la Administración General del Estado.

Ni un euro más para acción humanitaria

A pesar de ser igualmente otra de las partidas más recortadas en esta legislatura la ayuda humanitaria no cuenta con más recursos y mantiene un presupuesto irrisorio de 16.8 millones de euros. Una decisión que llama especialmente la atención en un contexto internacional con numerosos conflictos armados y situaciones de emergencia que han obligado a 60 millones de personas a abandonar sus hogares.

Incumplimiento de la normativa en materia de convenios a ONGD

Por otra parte, el gobierno incumple su propia normativa ya que no ha previsto recursos que permitan una nueva convocatoria de convenios para el período 2016-2020, a pesar de que así lo establece el artículo 7 de la Orden de Bases 2011. Esta decisión contrasta con su propia propuesta de diálogo estratégico al sector para afianzar el papel (y la aportación) de las ONGD en la política de cooperación. Un diálogo donde el propio gobierno reconoce los convenios y proyectos como herramientas fundamentales para el desarrollo de nuestro trabajo.

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