Naciones Unidas suspende a España en Derechos Humanos

Mientras el apartado de “avances” se reduce a penas a 15 líneas, el capítulo de “motivos de preocupación y recomendaciones”, ocupa 8 páginas del informe. Entre las recomendaciones: medidas para reducir la diferencia salarial entre hombres y mujeres, y combatir la violencia de género;  evitar el uso recurrente de la detención de los solicitantes de asilo, así como eliminar  la detención en condiciones de incomunicación y garantizar que no se someta a los inmigrantes a malos tratos durante su deportación y expulsión. Naciones Unidas expresa también su preocupación por la posición del Estado Español de mantener en vigor la Ley de Amnistía de 1977, que impide la investigación de las violaciones de los derechos humanos del pasado.

El informe hecho público esta semana reconocen algunas medidas legislativas y de otra índole que se han adoptado en España entorno a erradicación de la violencia contra la mujer (concretamente la Estrategia Nacional aprobada para el período 2013-2016), la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas  de Intolerancia, o  el protocolo de protección de las víctimas de trata de seres humano. También señala como positiva la ratificación por el Estado de algunos instrumentos internacionales de derechos humanos, o su adhesión a los mismos, en los casos de derechos de la infancia, los DESC o las desapariciones forzosas.

Sin embargo la lista de “deberes”  pendientes del Estado es extensa. Entre las muchas que recoge destacamos algunas:

– Aprobar el segundo plan de derechos humanos, asegurarse de que se aplique, entre otras cosas a través de la asignación de recursos humanos y materiales suficientes, así como establecer mecanismos de vigilancia y de rendición de cuentas.

– Suministrar al Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica los recursos financieros necesarios para que pueda cumplir con su mandato con eficacia e independencia.

Garantizar la igualdad de trato a todas las personas que se encuentren en territorio español, cualquiera que sea su origen nacional o étnico. También intensificar las medidas destinadas a evitar que los inmigrantes, los extranjeros y las minorías étnicas, incluida la minoría romaní, sean discriminados en el acceso a la vivienda, el empleo, la educación, la igualdad salarial y la atención de la salud.

– Procurar el aumento de la participación de las mujeres en los sectores público y privado y, de ser necesario, aplicar medidas especiales de carácter temporal para lograrlo, así como adoptar medidas concretas para reducir la diferencia salarial que sigue existiendo entre las mujeres y los hombres y examinar todas las causas que hacen crecer esa disparidad.

– Intensificar los esfuerzos para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. Debe continuar facilitando el acceso a los servicios de asesoramiento y apoyo existentes para las mujeres víctimas de la violencia especialmente vulnerables y marginadas, e investigar las denuncias de esos casos de violencia, iniciar acciones judiciales y, en caso de ser condenados, castigar a los responsables.

Asegurar que todas las mujeres y niñas puedan acceder a los servicios de salud reproductiva en todas las regiones del país y que las barreras legales no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino que pone su vida y su salud en riesgo. Continuar sus esfuerzos en los programas de educación de carácter formal (en las escuelas) e informal (a través de los medios de difusión y otras formas de comunicación) sobre la importancia del uso de anticonceptivos y los derechos en materia de salud sexual y reproductiva, así como asegurar su aplicación.

– Adoptar todas las medidas necesarias  para evitar el uso recurrente de la detención de los solicitantes de asilo, y garantizar que la detención de los extranjeros sea siempre razonable, necesaria y proporcionada en vista de sus circunstancias individuales. El Estado, recoge el informe, debe velar porque se elimine la detención en condiciones de incomunicación y que se reconozca a todos los detenidos el derecho a un médico y a la libre elección de un abogado al que puedan consultar de manera plenamente confidencial y que pueda estar presente en los interrogatorios.  Señala, entre otras medidas, que se garantice que todas las personas que solicitan protección internacional tengan acceso a procedimientos de evaluación justos e individualizados y a la protección frente a la devolución sin discriminación. Igualmente, que se adopten las medidas necesarias para garantizar que no se someta a los inmigrantes a malos tratos durante su deportación y expulsión.

Entorno a las Violaciones a los derechos humanos del pasado, el informe expresa su preocupación por la posición del Estado por mantener en vigor la Ley de Amnistía de 1977, que impide la investigación de las violaciones de los derechos humanos del pasado, En esta materia, Insta al Estado a revisar su legislación relativa a la búsqueda, exhumación e identificación de las personas desaparecidas y, se alienta a implementar las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada.

La larga lista sigue, con recomendaciones entorno a los capítulos de “Malos tratos y uso excesivo de la fuerza por agentes de policía” , la “Trata de personas”,  “Menores no acompañados” y la “Ley de Seguridad Ciudadana”. Para conocer con detalle el contenido incorporamos la versión que ha avanzado el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.