Nos adherimos al comunicado de la Coordinadora de ONGD-España ante la muerte de miles de personas en el Mediterráneo

Entre otros compromisos, se solicita la recuperación de los fondos de la política de cooperación al desarrollo, con un compromiso de alcanzar el 0.4% en la próxima legislatura.

Más información:
http://www.congde.org/contenidos/comunicado-de-la-coordinadora-de-ongd-ante-la-muerte-de-miles-de-personas-en-el-mediterraneo

Este próximo sábado manifestación convocada por Sos Racismo Navarra-Denontzat a las 13h en la Plaza del Castillo “No más muertes en el Mediterráneo”.

En los naufragios que se han producido en la última semana en el Mediterráneo podrían haber muerto más de 1.000 personas. La cifra es absolutamente escandalosa y forma parte de una realidad que, solo en 2014, y según cifras de ACNUR, se cobró la vida de 3.500 personas (sin tener en cuenta las muertes de esta semana). La enorme dimensión de esta tragedia pone de relieve la necesidad de contar con leyes europeas que protejan a las personas migrantes. Se están perdiendo miles de vidas a las puertas de una Europa que no es capaz de proteger los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Los convenios internacionales firmados por los gobiernos en este sentido están siendo sistemáticamente incumplidos.

Los testimonios de quienes consiguen llegar recuerdan a las personas fallecidas, la mayoría extremadamente jóvenes, muchas de ellas niños y niñas (que viajan en muchos casos solos)

La gravedad de la situación no podrá resolverse mientras se ataquen las consecuencias y no las causas de flujos migratorios de estas características. Lo que está ocurriendo a la puerta de Europa es fruto, en gran medida, de la responsabilidad de los países occidentales en las situaciones de guerra, hambre, persecución y violencia que expulsa a la población de sus tierras, para no dejarle entrar en las nuestras. África es pasto de un enorme acaparamiento de tierras que provoca el hambre de millones de personas. A ello se une la evasión fiscal de empresas multinacionales que expolian los recursos naturales africanos; la presencia de tropas europeas en ciertos lugares del continente que contribuye más al agravamiento de los conflictos que a su solución pacífica; la venta de armas a regímenes corruptos y el apoyo explícito a dictaduras que violan sistemáticamente los derechos humanos

La migración como derecho humano

En primer lugar, debemos recordar que la migración, según contempla la Declaración de los Derechos Humanos, es un derecho: “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”. Más allá de esto, cabe señalar que gran parte de las personas que inician estos viajes, huyen de gravísimas crisis humanitarias y conflictos en los que la Europa que ahora les cierra las puertas ha contribuido por acción o por omisión. A pesar de ello, el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, considera que se trata de “inmigración económica”, y rechaza que las personas que tratan de llegar a Europa desde países como Libia, Somalia o Eritrea puedan considerarse como asiladas. Tal afirmación choca directamente con los convenios internacionales firmados por España en materia de refugio y asilo.

Por su parte, Mariano Rajoy ha declarado que “ya no valen las palabras, hay que actuar”. Tales afirmaciones están cargadas de cinismo, sobre todo teniendo en cuenta cuál ha sido su política migratoria; la reciente reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que contempla las devoluciones en caliente -a pesar de las críticas recibidas incluso desde Naciones Unidas-; el mantenimiento de los CIES -cuya violación de derechos humanos ha sido reiteradamente denunciada por numerosos colectivos y ONG-; o la privación de la tarjeta sanitaria para la población en situación irregular. Por no hablar del recorte brutal sufrido por la política de cooperación que podría contribuir a mejorar la situación en origen de las personas que emigran en nefastas condiciones.

La Unión Europea, por su parte, se plantea el establecimiento de una misión “civil y militar” para capturar y destruir los barcos usados por los traficantes de personas. La militarización de la zona que puede derivar en conflictos aún más complejos con gravísimas consecuencias para la población. En lugar de invertir en proteger a las personas, se invierte en militarizar la zona y promover la persecución bélica de quienes buscan refugio.

Los gobiernos occidentales, incluido el de España, utilizan argumentos que relacionan la migración con una invasión e incluso la relacionan con movimientos terroristas. Esta tendencia es extremadamente peligrosa y justifica políticas de criminalización de quienes en realidad son víctimas.

Urgen medidas legales que den un giro a esta situación y garanticen los derechos humanos. El Mediterráneo se está convirtiendo en una fosa común en la pierden la vida miles de personas. No tomar cartas en el asunto de manera urgente y eludir las responsabilidades daría cuenta de una Europa que desprecia flagrantemente sus valores fundacionales de solidaridad entre los pueblos y defensa de los derechos humanos.

Por todo ello exigimos que:

Se refuercen las operaciones de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo y el Egeo;

Se abran rutas legales y seguras para evitar que las personas que huyen del conflicto y persecución se vean obligadas a realizar viajes peligrosos;

Se descarte la idea de cooperar con países que violan derechos humanos para que restrinjan los flujos migratorios hacia la Unión Europea;

Se garanticen políticas comerciales, económicas y diplomáticas respetan los derechos humanos;

Se cumpla rigurosamente con el Tratado de Comercio de Armas;

Se garantice que las empresas transnacionales no esquilman los recursos del continente y cumplen las leyes de transparencia y fiscalidad de manera que no salga de los países africanos en forma de evasión de impuestos cantidades que superan ampliamente las partidas de ayuda oficial al desarrollo;

Se recuperen los fondos de la política de cooperación al desarrollo, con un compromiso de alcanzar el 0.4% en la próxima legislatura.

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